El departamento de Justicia del Govern presenta dos medidas urgentes para regular el mercado del alquiler

16
May 2019

El departamento de Justicia del Govern presenta dos medidas urgentes para regular el mercado del alquiler

Hoy la honorable consejera de Justicia Ester Capella, junto con la Sra. Patricia Gomà, secretaria general del departamento de Justicia y el Sr .Xavier Bernadí, Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas, han presentado en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona su propuesta sobre la regulación del mercado de alquiler a través de una normativa específica en la que está trabajando. La presentación se ha producido con una reunión a puerta cerrada donde han asistido el Sr. Gerard Duelo, presidente del COAPI de Barcelona y provincia, el Sr. Joan Ollé, presidente del AIC, la Sra. Anna Puigdevall, gerente de la AIC y la Sra. Montserrat Junyent, jefe de Asesoría Jurídica del Colegio.

El Gobierno tomará dos medidas legislativas

Después de la reunión y en declaraciones a los medios, la consejera Capilla ha confirmado que el departamento llevará a la tabla del Ejecutivo del próximo martes 21 de mayo, un decreto ley para hacer posible la limitación del precio de los arrendamientos a las zonas con alta demanda acreditada de pisos de alquiler.

Según declaraciones de la consellería, esta nueva norma facultará el departamento competente en materia de vivienda porque pueda regular el precio del alquiler, ya sea directamente o dando la capacidad para hacerlo a los ayuntamientos u otros entes supramunicipales. El importe de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas quedará fijado por ley en el entorno del índice de referencia de precios del alquiler.

El Gobierno plantea el decreto ley después de que el Parlamento instara el Ejecutivo a tomar “medidas urgentes” para “limitar el incremento de los precios del alquiler en zonas de fuerte demanda acreditada”, de acuerdo con la Moción 84/XII. El decreto ley es una norma reservada para las medidas urgentes, aprobada por el Gobierno, que es plenamente vigente a partir de su aprobación, pero que se tiene que votar en el Parlamento en un plazo máximo de 30 días hábiles. Con esta votación, la cámara legislativa puede validarla, derogarla o tramitarla como proyecto de ley. En este último caso, la norma mantendría la vigencia durante la tramitación.

La consejera ha afirmado que este paso adelante en la regulación del mercado del alquiler es absolutamente necesario debido a la actual desproporción entre el incremento de los precios y las capacidades adquisitivas de la sociedad no son equitativas y hay que encontrar el equilibrio entre todos los actores. También ha comentado que es la primera vez que Cataluña regula directamente a través de su Código Civil, ejerciendo las competencias que son propias del Gobierno catalán.

Memoria preliminar del anteproyecto de Ley de Arrendamientos 

La consellería de Justicia comenta que el próximo Consejo Ejecutivo también dará luz verde a la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de arrendamiento de fincas urbanas que prepara el Departamento de Justicia, que inicia la tramitación formal. El Anteproyecto de ley incorporará el mecanismo para la limitación de los precios aprobado por decreto ley y ampliará la regulación al resto de aspectos relacionados con el alquiler de viviendas. La aprobación de la memoria preliminar al Consejo Ejecutivo es un trámite indispensable para la tramitación de cualquier anteproyecto de ley. La memoria justifica la iniciativa legislativa e indica los aspectos que regulará. Con la aprobación de este acuerdo, puede empezar el periodo de consulta pública, dirigido a la población en general y a las organizaciones vinculadas al arrendamiento en particular. Después de este periodo, el Gobierno continuará con la redacción del Anteproyecto de ley. Una vez aprobada, el Ejecutivo llevará el proyecto de ley al Parlamento de Cataluña porque inicie la tramitación y el debate.

Entre otros, establecerá que la duración mínima de los alquileres de viviendas en Cataluña se sitúe en un tenedor entre los seis y los diez años. En el caso del alquiler de un inmueble de un arrendador particular, la duración mínima del contrato será inferior a la de los pisos o casas que pertenezcan a sociedades dedicadas al negocio inmobiliario.

El marco legal actual establece que el propietario de un piso puede exigir el adelanto de tres mensualidades al locatario como fianza, depósito y aval bancario como condición para el arrendamiento. El Gobierno lo considera excesivo y reducirá el número de mensualidades. En relación con el derecho de adquisición preferente del inquilino en caso de venta de la vivienda, la regulación española permite que los inquilinos renuncien. En cambio, la ley catalana suprimirá esta posibilidad y dejará sin efecto todas las cláusulas de renuncia incluidas en los contratos firmados a partir de su entrada en vigor.

La consejera también ha afirmado que la ley catalana de arrendamientos incluirá la obligatoriedad de documentar el estado de los pisos con videos o fotografías para ayudar a los locatarios a recuperar las fianzas más fácilmente, sin tener que afrontar reclamaciones por daños que no hayan provocado; y a propietarios, que podrán constatar los daños causados a su inmueble durante la vigencia del contrato y resarcir el valor. Así, la nueva regulación de los arrendamientos urbanos reducirá el número de disputas y su judicialización.

Los presidentes del Colegio y la Asociación han agradecido la visita de la consellería y han afirmado que están de acuerdo con la necesidad que plantea de regular el mercado de alquiler, reiterando que se tendrá que estudiar todo el desarrollo de este marco normativo y que desde el col•lectivo se continuará haciendo la mediación entre todos los actores implicados.

Esta es la información de la que disponemos hasta el momento. Cuando tengamos más información os lo haremos saber con la máxima prioridad.

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